Medidas Laborales. Real Decreto Ley 152020

Modificación del procedimiento de ERTE por fuerza mayor

Se establece que la fuerza mayor puede concurrir en las actividades esenciales que deban mantenerse de acuerdo con la declaración del estado de alarma, referidas a las suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la parte de actividad no afectada por las citadas condiciones de mantenimiento de la actividad. Es decir, se pueden realizar ERTEs en empresas esenciales respecto a la plantilla que no realice esa actividad esencial.

Prórroga de la preferencia por el trabajo a distancia y de las medidas de adaptación del horario y reducción de jornada.

Se prorrogan las citadas medidas, establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

El contenido de los preceptos que regulan estas medidas se mantendrá vigente durante los tres meses posteriores al fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. Inicialmente estaba previsto un plazo de un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma.

Además, se establece que cabrán prórrogas adicionales por parte del Gobierno.

Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La duración del estado de alarma, con sus posibles prórrogas, no computará a efectos de los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Tampoco computará en la duración de los plazos fijados por los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el cumplimiento de los requerimientos que se formulen.

La excepción son las actuaciones comprobatorias, requerimientos y órdenes de paralización derivados de situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o aquellas que por su gravedad o urgencia resulten indispensables para la protección del interés general, en cuyo caso se motivará debidamente, dando traslado de tal motivación al interesado.

Plazo para ejercer la opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social de los trabajadores del RETA que hubieran optado inicialmente por una entidad gestora.

Los trabajadores incluidos en el RETA que no hubieran ejercitado la opción por una mutua, deberán ejercitar la opción y formalizar el correspondiente documento de adhesión en el plazo de tres meses desde la finalización del estado de alarma. Dicha opción surtirá efectos desde el día primero del segundo mes siguiente a la finalización de este plazo de tres meses.

Una vez trascurrido el plazo para llevar a cabo la opción sin haberlo hecho, se entenderá que ha optado por la mutua con mayor número de trabajadores autónomos asociados en la provincia del domicilio del interesado, produciéndose automáticamente la adhesión con efecto desde el día primero del segundo mes siguiente a la finalización del plazo de tres meses señalado. Con el fin de hacer efectiva dicha adhesión, el Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicará a dicha mutua los datos del trabajador autónomo que sean estrictamente necesarios.

La Mutua Colaboradora de la Seguridad Social notificará al trabajador la adhesión con indicación expresa de la fecha de efectos y la cobertura por las contingencias protegidas.

Efectos en la incapacidad temporal de la opción por una mutua colaboradora para causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad.

La opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social de trabajadores del RETA, realizada para causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad, dará lugar a que la mutua colaboradora por la que haya optado el trabajador autónomo asuma la protección y la responsabilidad del pago de la prestación extraordinaria por cese de actividad así como del resto de prestaciones derivadas de las contingencias por las que se haya formalizado la cobertura, incluyendo el subsidio por incapacidad temporal cuya baja médica sea emitida con posterioridad a la fecha de formalización de la protección con dicha mutua y derive de la recaída de un proceso de incapacidad temporal anterior cubierta con la entidad gestora.

Modificación del procedimiento para el aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.

Se establece que el aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades.

La solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión del procedimiento recaudatorio respecto a las deudas afectadas por el mismo y que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte la correspondiente resolución.

El aplazamiento es incompatible con la moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Las solicitudes de aplazamiento por periodos respecto de los que también se haya solicitado la citada moratoria se tendrán por no presentadas, si al solicitante se le ha concedido esta última.

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